La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la ley de glaciares tras una votación que reunió 137 votos afirmativos, con el respaldo del oficialismo, bloques aliados y legisladores de provincias con actividad minera. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y quedó aprobada en una sesión que expuso posiciones contrapuestas dentro del recinto.
El punto central de la modificación establece que la protección sobre zonas glaciares y periglaciares podrá ser revisada a partir de estudios técnicos más específicos. En función de esos análisis, las provincias podrán determinar qué áreas cumplen una función hídrica relevante y cuáles no, con la posibilidad de excluir estas últimas del inventario oficial y habilitar allí actividades productivas hoy restringidas.
Desde el oficialismo defendieron la reforma al sostener que no se altera la protección de los cuerpos de hielo estratégicos y que se corrigen ambigüedades de la normativa vigente. También remarcaron que se fortalece la capacidad de las provincias para gestionar sus recursos naturales, en línea con lo que establece la Constitución.
Las críticas se concentraron en el posible impacto ambiental y en la influencia de intereses mineros en la redacción del proyecto. Legisladores opositores advirtieron que la norma podría afectar la provisión de agua y señalaron que será judicializada por considerarla regresiva en términos de protección ambiental. Al momento de la votación, fueron 111 los rechazos y tres las abstenciones.
El Gobierno y las provincias proyectan que la reforma permita avanzar con inversiones millonarias en el sector minero. Sin embargo, el debate dejó planteada una tensión que continuará fuera del Congreso: el equilibrio entre desarrollo económico y preservación de recursos hídricos estratégicos.
