El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, con el objetivo de reformular el marco regulatorio ambiental y habilitar nuevas inversiones en el sector minero. La iniciativa fue confirmada este lunes por la Oficina de la Presidencia, que sostuvo que la normativa vigente desde 2010 presenta “graves falencias” y que, bajo “pretextos ideológicos”, terminó obstaculizando el desarrollo económico del país.
Según el comunicado oficial, la propuesta será tratada durante el período de sesiones extraordinarias y apunta a “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional”. En ese sentido, el Ejecutivo afirmó que la reforma busca proteger los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales y eliminar márgenes de discrecionalidad.
El proyecto también invoca los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano y reconocen a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En esa línea, se propone fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, articular con el Inventario Nacional de Glaciares y mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), aunque no se hizo mención a las provincias patagónicas, donde se concentra la mayor cantidad de glaciares del país.
La actual Ley de Glaciares, sancionada en 2010, prohíbe en su artículo 6 actividades como la exploración y explotación minera en zonas glaciares y periglaciares, así como el manejo de sustancias contaminantes que puedan alterar la dinámica del hielo o la calidad del agua. El presidente Javier Milei ya había anticipado que la modificación apunta a una definición más precisa de las áreas glaciares y periglaciares, con participación de las provincias.
Desde el sector minero aseguran que una aclaración del alcance de la ley permitiría destrabar inversiones estimadas en US$35.000 millones, principalmente en proyectos de cobre. Sin embargo, más de 25 organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación y advirtieron que una reforma podría habilitar actividades de alto impacto ambiental y poner en riesgo reservas estratégicas de agua.
El debate sobre la ley de glaciares vuelve así al centro de la escena, en un contexto de fuerte tensión entre desarrollo económico, federalismo y protección ambiental.
