La Dirección Nacional de Vialidad dejará de existir tal como se conoce. Lo mismo ocurrirá con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El Gobierno nacional publicará este martes un decreto que ordena la disolución de estos organismos y transfiere sus funciones al Ministerio de Economía. En el caso del tránsito en rutas nacionales, la tarea pasará a manos de Gendarmería.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida responde a la necesidad de reducir estructuras costosas y poco eficaces. El decreto argumenta que Vialidad operaba con una lógica burocrática ineficiente y que los resultados de su gestión estaban muy por debajo de los obtenidos por empresas concesionarias. Con ese diagnóstico, se abre la puerta a una mayor privatización del mantenimiento de rutas nacionales.
El Ministerio de Economía absorberá funciones clave como el estudio, construcción, conservación y mejora de la red vial nacional. Además, recibirá los fondos que antes administraba la ANSV, como el 1% de los seguros automotores. También se creará una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazará a la CNRT y tendrá el objetivo de fiscalizar contratos de concesión con empresas privadas.
Una novedad central es que Gendarmería Nacional quedará a cargo de las tareas de control del tránsito en rutas, incluyendo la constatación de infracciones, el patrullaje y la prevención de siniestros viales. Podrá trabajar de forma complementaria con fuerzas provinciales y municipales, pero será la autoridad principal en los corredores nacionales. La Agencia de Seguridad Vial, por su parte, dejará de operar y gran parte de su estructura será absorbida por la Secretaría de Transporte.
La reforma incluye además la creación de una Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, en reemplazo de la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta decisión, según el Ejecutivo, forma parte de un paquete de medidas urgentes que busca reducir el tamaño del Estado, optimizar recursos y dar paso a esquemas más ágiles de gestión en áreas clave.
