El gobierno permitió una serie de reformas significativas dentro de la nueva Ley Bases, abordando aspectos claves tanto en el ámbito laboral como en el de las privatizaciones. Con los cambios, alcanzó dictamen favorable para ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados.
Dentro del capítulo relacionado con la "reforma del Estado", se destaca la inclusión de privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, aunque se establece la retención del control estatal en casos como Nucleoeléctrica Argentina SA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Asimismo, se propone un esquema de concesión privada para entidades como Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
El capítulo IV se centra en reformas al empleo público, donde se establecen nuevas normativas sobre sindicatos estatales y descuentos salariales, así como medidas relacionadas con las huelgas y la situación de funcionarios desvinculados.
El Título IV se enfoca en promover el empleo registrado en el sector privado, ofreciendo a los empleadores un período de regularización de 90 días para vínculos laborales anteriores a la entrada en vigor de la ley. Se eliminan acciones legales y deudas relacionadas con infracciones laborales.
El Título V contempla medidas de modernización laboral, como la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo, junto con sanciones por el uso abusivo de este período.
En cuanto a la versión final de la ley, se redujo significativamente el número de artículos, dejando fuera aspectos como la cuota sindical y disposiciones relacionadas con bloqueos laborales. Además, se eliminaron capítulos sobre defensa de la competencia y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
