El expresidente Alberto Fernández fue procesado este viernes por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó un embargo por $14.634 millones sobre sus bienes. La decisión alcanza a otras 33 personas.
Según la resolución, Fernández habría favorecido los negocios de Héctor Martínez Sosa, un broker de seguros —es decir, un intermediario que conecta a aseguradoras con clientes a cambio de comisiones—. El juez sostiene que el expresidente facilitó un esquema para ampliar las operaciones del grupo de Martínez Sosa con el Estado, cuya esposa, María Cantero, fue nombrada como su secretaria privada al asumir la Presidencia. Entre 2020 y 2023, las comisiones del broker representaron casi el 60% de los pagos de Nación Seguros a intermediarios, por más de $2.200 millones.
Fernández respondió públicamente a través de la red X. Afirmó que el fallo “fuerza la interpretación de pruebas” y que “ya no me cuestionan por un decreto que desarmó negociados, sino por no advertir el ‘riesgo’ de un nombramiento”. Denunció además ser víctima de una persecución política: "Me persiguen por ser peronista", escribió.
En paralelo, legisladores del bloque Confianza Pública, encabezados por Graciela Ocaña, solicitaron a la Anses que suspenda la jubilación de privilegio que Fernández cobra como expresidente. En diciembre de 2024, el monto bruto ascendía a $21,6 millones mensuales.
