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Sandra Vargas fue removida del régimen abierto en El Borbollón y alojada en Cacheuta. Está acusada de liderar una red que operaba desde la cárcel con apoyo de su entorno familiar.
Provinciales27/06/2025 Redacción Uco News




Sandra Jaquelina Vargas, conocida como “La Yaqui”, volvió a quedar detenida tras una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Mendoza. La mujer, que ya cumple una condena por narcotráfico, fue trasladada este viernes desde el Centro de Alojamiento con Régimen Abierto de El Borbollón hacia el penal federal de Cacheuta, en el marco de una nueva investigación que la vincula como jefa de una organización criminal dedicada a la distribución de drogas.


La causa está en manos de la Justicia Federal y se enmarca en el operativo número 36 desde que se implementaron los allanamientos masivos y coordinados. En total, se concretaron más de 20 procedimientos con participación de más de 100 efectivos de unidades especiales de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y el Ministerio Público Fiscal Federal.

Según informaron fuentes oficiales, entre los elementos incautados se encontraron marihuana, cocaína, celulares y documentación clave para la causa. También se allanó una vivienda de alto valor económico que evidenciaría el volumen de la estructura delictiva investigada.
“La causa tiene vinculación directa con una red de distribución que estaba siendo dirigida desde adentro del sistema penitenciario”, explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Por su parte, el fiscal federal Fernando Alcaraz confirmó que la organización operaba con apoyo del círculo íntimo de Vargas: hijas, hermanos, pareja y allegados, quienes habrían ejecutado sus órdenes por fuera del penal.
Las autoridades creen que La Yaqui logró sostener su liderazgo a través de visitas frecuentes, comunicaciones clandestinas y una red paralela que permitía mantener el flujo de droga y dinero. Por ese motivo, también se allanó el sector que ocupaba en El Borbollón, con el objetivo de recolectar pruebas que respalden esa hipótesis.
La nueva imputación fue iniciada en 2024 y alcanza a otros departamentos por fuera del área metropolitana. El traslado de Vargas no solo busca garantizar su disponibilidad ante la Justicia federal, sino también cortar su capacidad de seguir operando desde el encierro.



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