El Jury de Enjuiciamiento activó finalmente el juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento, apuntado por presunto mal desempeño y señalado en varias causas por decisiones judiciales polémicas. El magistrado quedó suspendido, con la mitad de su salario, mientras se define si será destituido o continuará en su cargo. La votación —cerrada y con fuerte división interna— terminó de abrir un proceso que promete alto impacto político y judicial.
El caso tomó relevancia nacional luego de que Sarmiento otorgara la libertad anticipada a un condenado por homicidio que luego asesinó al excomisario Héctor Pelayes. Esa decisión, sumada a otros cuatro fallos cuestionados, derivó en la denuncia presentada por el diputado Franco Ambrosini, quien representa a la familia de la víctima. “Es otro paso, no una victoria”, afirmó el legislador tras conocerse la resolución.
La votación terminó con 13 votos a favor y 8 en contra, dejando en evidencia fracturas dentro del propio sistema judicial y de la Legislatura. El proceso avanzará con la etapa de ofrecimiento y producción de pruebas, que se extenderá al menos 30 días. Pero, debido al cierre del año y la feria judicial, el juicio podría quedar fijado recién para mediados de marzo de 2026.
La acusación contra Sarmiento incluye una serie de resoluciones consideradas “garantistas” por sus críticos: libertades anticipadas, beneficios a condenados graves y decisiones sobre el uso de celulares en cárceles. Entre ellas figuran los casos de Héctor Pelayes, Héctor Quiroga —también asesinado en un intento de robo en 2017— y la liberación de Fabián Olguín, condenado a perpetua y luego involucrado en abusos reiterados a una menor.
Con el Jury en marcha, Sarmiento enfrenta su instancia más delicada: la que definirá si continúa como juez penal colegiado o si es removido. El avance del proceso, su impacto político y la tensión por la seguridad pública anticipan que el caso seguirá siendo tema central en las próximas semanas.
