La disputa judicial sobre el uso de celulares en las cárceles mendocinas sumó un nuevo capítulo este lunes. El juez penal Juan Manuel Pina aceptó la apelación presentada por el Servicio Penitenciario y suspendió la resolución de su colega Sebastián Sarmiento, quien había frenado el retiro de teléfonos móviles en los complejos de San Felipe y Boulogne Sur Mer.
Sarmiento había ordenado la suspensión del secuestro de celulares tras hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por internos, argumentando que no se cumplía con la proporción mínima de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad y que los disponibles no reunían las condiciones técnicas mínimas.
Ante esta decisión, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó un recurso de apelación, señalando que el magistrado se extralimitó en sus funciones y desoyó una sentencia de la Corte. Además, cuestionó que el hábeas corpus fue presentado por un grupo de internos estudiantes y que Sarmiento extendió su alcance a toda la población carcelaria de ambos complejos.
Con la inhibición de Sarmiento en la causa, el juez Pina asumió el caso y dictó la suspensión de la resolución anterior. De esta manera, se reanuda el operativo de secuestro de celulares en las dos unidades penitenciarias. El fallo representa un respaldo a la postura del Gobierno provincial en su política de seguridad restrictiva dentro de las cárceles.
