“Se ha llamado a una licitación y se ha encontrado una empresa que pagará por el acero de los vehículos, lo que permitirá su reutilización y beneficiará al medio ambiente”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo. Aclaró, además, que en las distintas playas en Mendoza casi 74% de los vehículos están en custodia judicial, “no en custodia del Gobierno de la Provincia”.
En esta primera etapa, de un total de 28.500 unidades, el sistema se aplicará a 540 vehículos, entre ellos 352 autos y 188 motos que fueron dados de baja por diferentes motivos y se encuentran en el lugar.
El procedimiento continuará con el resto de los vehículos que están incluidos en la acordada 31.425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que pertenecen a causas vinculadas al Poder Judicial. Desde el gobierno, aseguran que en la primera etapa se retirarán cerca de 500 toneladas de acero y se espera que el resto sea compactado en un plazo relativamente corto.
Para aclarar el procedimiento completo, la ministra de Justicia y Seguridad, Mercedes Rus, explicó que la trazabilidad de los residuos, es decir el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, estará a cargo de un gestor autorizado. También, la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable, tanto por el ente productor como por las autoridades. También aclaró que esta acción no trae ningún costo al Estado y que los fondos que se obtengan de la venta de la chatarra volverán a las arcas provinciales.
Este proceso comenzó a gestarse con el decreto 2243/2023, tras los intensos vientos Zonda de setiembre pasado provocaron importantes incendios en el lugar. Con esta norma, el Ejecutivo provincial declaró el estado de emergencia ambiental y habitacional. Se estableció así la urgencia y la necesidad de iniciar el procedimiento de compactación y disposición final de los residuos, como medida de protección de la salud de la población cercana y de eliminar ese pasivo ambiental.
