El inicio de la Navidad volvió a estar acompañado por explosiones de fuegos artificiales en distintos puntos de la provincia, una escena que recordó a épocas previas a la prohibición total de la pirotecnia en Mendoza. Los ruidos se sintieron con mayor intensidad en el Gran Mendoza por ser una zona más densamente poblada y eso generó una ola de quejas en redes sociales.
Aunque desde 2016 rige en todo el territorio provincial la política de “Pirotecnia 0”, y actualmente todos los departamentos prohíben tanto la venta como el uso de estos elementos, durante la medianoche del 25 de diciembre se registraron detonaciones generalizadas. La situación se reflejó no solo en el malestar social, sino también en un aumento de personas heridas, importantes secuestros de mercadería y un incendio fatal en un depósito clandestino.
En redes sociales, numerosos usuarios denunciaron una pérdida de empatía hacia personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y animales, además de reclamar mayores controles estatales. Otros apuntaron directamente contra quienes utilizan pirotecnia como forma de celebración.
Las autoridades atribuyen el fenómeno al crecimiento de la venta clandestina. Según explicaron desde el REPRIV (Registro Provincial de Armas), gran parte de la pirotecnia ingresa a la provincia a través de envíos por correo o servicios de mensajería y se comercializa luego mediante redes sociales, incluso en grupos cerrados.
Desde el organismo indicaron que se realizaron múltiples procedimientos con secuestros tanto en la vía pública como en domicilios particulares, y aclararon que no se detectaron irregularidades en comercios habilitados. La comercialización ilegal, señalaron, se desarrolla completamente por fuera de los circuitos formales.
El control recae principalmente en el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del REPRIV, mientras que los municipios fiscalizan comercios y la Policía de Mendoza actúa como apoyo operativo ante denuncias o procedimientos conjuntos. El Código Contravencional establece multas que pueden superar los tres millones de pesos o arrestos de hasta 90 días por venta ilegal. En el caso de pirotecnia clandestina, las sanciones se agravan.
El uso de fuegos artificiales dejó nuevamente personas lesionadas durante Nochebuena y Navidad. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, al menos 11 personas resultaron heridas, una cifra que iguala la del año pasado y supera ampliamente la de 2023, cuando se habían registrado solo cuatro casos.
A esto se sumó un hecho trágico ocurrido días antes de las fiestas: el incendio de un depósito ilegal de pirotecnia en Godoy Cruz, que derivó en la muerte de una mujer de 45 años. La víctima falleció tras permanecer internada en el Hospital Lagomaggiore.
Por el caso fue imputado Federico Natalio Quiroga, señalado como responsable del inmueble donde se almacenaba el material explosivo. La causa está caratulada como incendio culposo seguido de muerte, en concurso con tenencia ilegal de arma de guerra.
