El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que "no descarta" una guerra con Venezuela al ser consultado en una entrevista televisiva sobre la posibilidad de un conflicto armado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Evitó, sin embargo, confirmar si la destitución del mandatario venezolano es el objetivo central de su ofensiva, aunque insinuó que el líder chavista “sabe exactamente” qué pretende Washington.
Las declaraciones se conocieron en medio de una campaña militar antidrogas en el Caribe y el Pacífico que ya acumula al menos 104 muertos, la mayoría señalados por el Pentágono como “narcoterroristas” que se desplazaban en lanchas rápidas por rutas de contrabando. En las últimas horas, el Comando Sur informó sobre dos nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental, que dejaron cinco fallecidos y reforzaron la percepción de escalada en la región.
Al frente de esta estrategia, Trump ordenó también el embargo de petroleros vinculados a Venezuela y dispuso que cualquier barco que ya esté sancionado por Washington y entre o salga de Venezuela quede bloqueado; es decir, que no pueda operar libremente y corra riesgo de ser retenido en puertos o por fuerzas estadounidenses. El presidente advirtió que cualquier barco que ignore las restricciones podría terminar retenido en puertos norteamericanos, en un intento de golpear la principal fuente de divisas del régimen: las exportaciones de crudo.
Pese al cerco creciente, Caracas aún logra sostener ciertos canales de venta a través de buques no sancionados, que transportan cargamentos de crudo pesado hacia destinos como China. Maduro insiste en que la verdadera meta de Washington es forzar su caída y tomar el control de las vastas reservas petroleras del país, mientras busca apoyos diplomáticos para frenar el aislamiento y las medidas de castigo económico.
En paralelo, la estrategia de Trump abrió un fuerte debate jurídico dentro y fuera de Estados Unidos. Organismos internacionales, especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos cuestionan que el gobierno no haya presentado pruebas públicas que vinculen de forma directa a las embarcaciones atacadas con el narcotráfico, y advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional.
En el Congreso, legisladores tanto demócratas como republicanos sostienen que el Ejecutivo carece de autorización legal para este tipo de acciones militares, pero los intentos de limitar por ley la campaña fueron rechazados en ambas cámaras, dejando a la Casa Blanca con margen para continuar la ofensiva.
