El Senado provincial aprobó este martes, con 27 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, habilitando de manera definitiva su explotación en Uspallata. La decisión se inscribe como un punto de inflexión en la política minera de Mendoza, tras años de paralización y debates truncos.
La votación se dio en un clima tenso dentro y fuera del recinto. Mientras las columnas antimineras se concentraban en plaza Independencia, la Cámara Alta avanzó con un temario que incluyó además la aprobación de la DIA para la exploración del Distrito Minero Occidental II (MDMO II) en Malargüe, con 31 votos a favor y 3 en contra.
La gran sorpresa llegó desde el peronismo, que no replicó el rechazo unificado que había mostrado en Diputados. Cinco senadores —Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache— acompañaron el proyecto, argumentando que la documentación técnica aportada por el Departamento General de Irrigación despejó dudas que tenían al evaluar el expediente. Otros legisladores del PJ y del kirchnerismo, en cambio, mantuvieron su postura contraria.
El oficialismo de Cambia Mendoza contó también con los respaldos del PRO, del Partido Demócrata y de La Unión Mendocina. Desde estas fuerzas se destacó que la provincia necesitaba avanzar en el desarrollo de nuevos motores productivos, y que la DIA respeta íntegramente la legislación vigente, incluida la Ley 7722.
El debate mostró posiciones firmes. El kirchnerista Félix González pidió rechazar la propuesta y devolverla al Ejecutivo por considerar incompleta la documentación. En contraste, desde el PJ, Pedro Serra justificó su acompañamiento al afirmar que “minería y agricultura no son actividades excluyentes”. Legisladores de LUM y del PD coincidieron en que postergar el proyecto durante más de una década fue una decisión política que frenó oportunidades económicas.
Con la votación de este martes, Mendoza abre una etapa nueva en el tratamiento de su matriz productiva. El desafío, coinciden oficialismo y oposición, será garantizar controles ambientales robustos y sostenidos en el tiempo para cumplir con los compromisos asumidos ante los organismos técnicos y la ciudadanía.
