Desde 2026, unas veinte escuelas mendocinas participarán de un plan piloto para implementar los cambios aprobados por el Consejo General de Educación. Las instituciones fueron elegidas como “escuelas de innovación”, categoría impulsada por el Consejo Federal de Educación, y funcionarán como espacios de prueba antes de extender las modificaciones al resto del sistema.
Según explicó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, el propósito es “repensar la organización institucional y las prácticas pedagógicas para que los estudiantes aprendan con mayor sentido y conexión con su realidad”. El proyecto apunta a transformar la estructura académica, las formas de evaluación y el rol docente, acercando la escuela a la vida cotidiana de los jóvenes.
Entre los ejes principales figuran:
• Proyectos interdisciplinarios, con docentes de distintas áreas trabajando sobre temas comunes para integrar saberes.
• Nuevas formas de evaluación, reemplazando los exámenes tradicionales por evaluaciones por proyectos y seguimiento personalizado.
• Tutorías y acompañamiento individual, con figuras de apoyo para los alumnos en situación de vulnerabilidad.
• Flexibilidad institucional, que permitirá reorganizar grupos, horarios o espacios según la realidad de cada escuela.
• Formación docente continua en la institución, con instancias internas de capacitación para acompañar los cambios pedagógicos.
La DGE aclaró que esta primera etapa servirá para ajustar y evaluar los resultados antes de avanzar hacia una implementación general.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) cuestionó tanto la metodología de debate como el contenido del documento aprobado. La representante gremial Ana Nanfara sostuvo que “la objeción no es solo de forma, sino también de fondo”, y que se presentó formalmente para dejar constancia en el acta final del Consejo.
Desde el sindicato señalaron que la participación fue acotada y que algunos puntos incorporados —como la evaluación periódica de desempeño docente, los concursos por perfil y el examen integrador anual— no se discutieron en las comisiones donde intervino el gremio.
Entre las principales objeciones destacan:
• Evaluación docente: el SUTE rechaza que se enfoque en el rendimiento individual y advierte que “no puede tener carácter punitivo ni estar vinculada al salario”.
• Concursos por perfiles: temen que habiliten la “flexibilización” laboral y afecten la estabilidad que otorga el sistema de horas cátedra.
• Sistema cuatrimestral y examen integrador: consideran que implica cambios estructurales sin debate suficiente.
• Premios a la productividad: rechazan su aplicación en el ámbito educativo por considerar que “la enseñanza no puede medirse como una producción”.
• Revisión del Estatuto Docente: reclaman que cualquier modificación se discuta con consenso del sector.
Finalmente, Nanfara recordó que el Consejo General de Educación es un órgano consultivo y no resolutivo, por lo que las decisiones no tienen aplicación inmediata. La DGE, en tanto, precisó que el marco normativo nacional lo define el Consejo Federal de Educación, y que la provincia ajustará la normativa correspondiente.
