El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9665, que introduce una reforma integral al Estatuto del Empleado Público y actualiza el Decreto Ley 560/73, vigente desde hace más de cinco décadas. El nuevo marco legal, publicado este lunes en el Boletín Oficial, ya comenzó a regir y busca modernizar la estructura del empleo estatal y transparentar los mecanismos de ingreso y permanencia en la administración provincial.
Entre los principales cambios, la norma elimina los “cargos por herencia”, limita las contrataciones temporarias y establece la obligación de rendir y concursar para acceder a la planta permanente. A partir de ahora, las designaciones provisorias caducarán al finalizar el mandato de la autoridad que las haya dispuesto, y se crea la figura del agente interino, con estabilidad restringida hasta la realización de los concursos.
La reforma también redefine el régimen de indemnizaciones, que hasta ahora superaban ampliamente los valores del sector privado. Se fija un criterio uniforme de un mes de salario por año trabajado, con un plazo máximo de 30 días para el pago. En los casos de reincorporación por fallo judicial o administrativo, el agente podrá recuperar el cargo, pero sin salarios caídos.
Además, la ley incorpora nuevos mecanismos de evaluación y disciplina, promueve la resolución administrativa de conflictos internos para evitar la judicialización de sanciones menores y aclara el alcance del estatuto, que se aplicará a los empleados públicos de los tres poderes del Estado, excepto docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y trabajadores municipales con regímenes propios.
Según el texto oficial, el objetivo es modernizar la gestión pública sin crear nuevos cargos ni aumentar el gasto, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en el empleo estatal.
