La historia de Julieta Silva vuelve a generar impacto. Esta vez, por una denuncia que presentó su actual esposo, Lucas Giménez, quien la acusó por agresiones físicas en el marco de una relación que hasta hace poco mostraba una imagen familiar consolidada.
Silva había sido condenada en 2018 a tres años y nueve meses de prisión por el homicidio culposo agravado de su entonces pareja, Genaro Fortunato, jugador de rugby. El hecho ocurrió en septiembre de 2017 a la salida del bar La Mona, en San Rafael, cuando la mujer lo atropelló con su auto.
El juicio tuvo una fuerte cobertura mediática, con testimonios cruzados, versiones sobre una discusión por celos y la intervención de testigos clave. La sentencia consideró que no hubo intención de matar, pero sí una conducción irresponsable: Silva estaba alcoholizada y sin sus anteojos recetados al volante.
Tras cumplir parte de la pena en prisión domiciliaria, Silva recuperó la libertad en 2020. Dos años después, se casó con Giménez, también de San Rafael. Tuvieron una hija y compartieron imágenes de su luna de miel en México en sus redes privadas, aunque las tienen en modo privado, sin acceso a todos los usuarios. En los últimos días, la imagen idílica dio un giro.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que Silva fue imputada por violencia y se le impuso la prohibición de acercamiento. Además, se solicitó su detención bajo modalidad domiciliaria con tobillera electrónica, ya que está a cargo del cuidado de la niña. Giménez, por su parte, habría sufrido lesiones que motivaron pericias médicas y la intervención del Cuerpo Médico Forense.
La causa sumó una contradenuncia: Silva también denunció a Giménez ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Ambos expedientes avanzan en paralelo mientras se esperan nuevas medidas judiciales. La apariencia de estabilidad familiar quedó opacada por una nueva causa que vuelve a situar a Julieta Silva en el foco público.
