La senadora acusa al gobernador de comprometer recursos provinciales en obras que deberían financiarse con fondos nacionales y advierte sobre posibles delitos contra la administración pública.
Provinciales21/07/2025 Redacción Uco News
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó este lunes una denuncia penal contra el gobernador Alfredo Cornejo, en la que cuestiona el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional. Según indicó, el convenio podría configurar delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Fernández Sagasti sostiene que el convenio traslada a la Provincia la responsabilidad sobre obras que corresponden al Estado nacional, en particular el mantenimiento de tramos de rutas federales. “Los mendocinos vamos a terminar pagando tres veces lo mismo”, afirmó. “Ya lo hacemos a través del IVA y del impuesto al combustible; ahora quieren usar los fondos de Portezuelo del Viento y además instalar peajes”.
La legisladora peronista aseguró que la denuncia fue presentada a título personal y criticó el silencio de otros espacios opositores. “La oposición tiene que salir de Twitter. Yo ya dije que Cornejo y el radicalismo están en un fin de ciclo, y cuando eso pasa vienen los manotazos de ahogado, que muchas veces terminan en delitos”, sostuvo.
El acuerdo en cuestión establece que Mendoza intervendrá, con fondos propios, en más de 150 kilómetros de rutas nacionales sin contar con un reembolso automático por parte de la Nación. Se trata de sectores estratégicos de las rutas 7, 40 y 143: Ruta 7, entre Palmira y el Nudo Vial (28,9 km); Ruta 40, entre Calle Azcuénaga y el empalme con la RN7 (16,2 km) y otros tramos que suman más de 50 km adicionales; y Ruta 143, entre Pareditas y San Rafael (109 km).
Las tareas incluyen repavimentación, bacheo, reparación de puentes, fresado, tercera trocha, señalización, limpieza de alcantarillas, mantenimiento de banquinas y reposición de barreras de seguridad. El acuerdo también contempla que la Provincia se haga cargo de posibles indemnizaciones y de cualquier reclamo derivado de la ejecución de las obras.
Aunque el documento deja abierta la posibilidad de que Vialidad Nacional reembolse una parte de los gastos, no establece garantías firmes de compensación financiera. Por eso, Fernández Sagasti pidió que se investigue si este tipo de compromisos puede afectar los intereses de la provincia y constituir un uso indebido de fondos públicos.
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