Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) alertó que más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes del país enfrentó inseguridad alimentaria durante 2024.
Según la Organización de las Naciones Unidas, ese término se refiere a la imposibilidad de acceder regularmente a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. No solo implica pasar hambre, sino también alimentarse de manera deficiente durante largos períodos.
Según el relevamiento, el 35,5% de los menores atravesó dificultades para acceder a una alimentación adecuada, y el 16,5% sufrió esta situación en su forma más severa, lo que pone en riesgo su desarrollo físico, cognitivo y emocional.
El estudio identifica un fuerte vínculo entre esta problemática y condiciones estructurales como la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral. Los hogares con jefes o jefas sin empleo estable, monoparentales o numerosos son los más afectados. En total, unos 4,3 millones de menores en el país viven con dificultades para acceder a alimentos, y los indicadores más críticos se observaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que abarca el período 2010-2024, y muestran un empeoramiento constante en contextos de crisis como los años 2018, 2020 y 2024. Además, el informe señala que más de la mitad de los chicos sufrió inseguridad alimentaria al menos una vez entre 2022 y 2024, y que los que viven en hogares bajo la línea de pobreza tienen tasas de afectación significativamente más altas.
La investigación también advierte que el acceso a la educación puede funcionar como una barrera de protección. La permanencia escolar, según el informe, reduce el riesgo de inseguridad alimentaria, al garantizar un entorno de contención y, en muchos casos, el acceso a un plato de comida diario. La falta de educación, en cambio, se asocia a mayores niveles de malnutrición y dificultades cognitivas.
Por último, las autoras del estudio —Ianina Tuñón y Valentina González Sisto— proponen avanzar hacia políticas públicas integrales que no solo respondan a emergencias coyunturales, sino que enfrenten de raíz las desigualdades estructurales. Recomiendan reforzar los programas de transferencias de ingresos, promover la inclusión laboral formal y garantizar que las escuelas actúen como espacios que aseguren el derecho a la alimentación y al desarrollo pleno de cada niño.
