El intendente de San Carlos reafirmó su apoyo a la ley 7722 en medio de las protestas de asambleístas

Las manifestaciones contra la media sanción del paquete minero en la Legislatura no se limitaron a la Plaza Indepenedencia y la Peatonal Sarmiento de Ciudad. En San Carlos, el jueves por la noche un grupo de vecinos volvió a reunirse en la terminal de Eugenio Bustos, al lado de la ruta 40, donde acordaron sostener las protestas y convocar a una “Marcha por la Defensa del Agua” para este domingo al mediodía en la plaza de la Villa Cabecera.

La tensión local creció luego de que Diputados aprobara las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino para Uspallata. En San Carlos, uno de los epicentros históricos del activismo ambiental, las asambleas retomaron rápidamente la organización territorial.

En ese clima, Alejandro Morillas difundió un video en redes sociales dirigido a la comunidad donde afirmó que el departamento no acepta proyectos mineros sin consenso ciudadano. El jefe comunal insistió en que la normativa vigente sigue siendo una garantía para la protección hídrica y que su gestión mantiene la misma posición que manifestó desde que asumió.

El mensaje apuntó a transmitir respaldo a los vecinos movilizados y a la legislación que regula la actividad. Morillas sostuvo que San Carlos “sigue del lado de la 7722” y que la defensa del agua es una prioridad para su administración. También remarcó que el respaldo popular es un requisito indispensable y que el territorio no la otorga: "En nuestro San Carlos no hay licencia social para la minería".

Además, en la publicación que acompañó el video escribió: "Estoy para gobernar a favor de los sancarlinos, no para rapiñar aplausos". El mensaje pareció apuntar directamente contra los adversarios políticos que sembraron dudas sobre su posicionamiento por no asistir a la concentración en Eugenio Bustos. 

Qué habían dicho Cornejo y Morillas sobre la licencia social para la minería 

El pasado 28 de abril, después de una entrega de viviendas en San Carlos, tanto el gobernador Alfredo Cornejo como el intendente Alejandro Morillas hablaron del tema ante la prensa. Aquella vez, ambos coincidieron en la necesidad de atender lo que expresan los vecinos.

“Creo que hay que hacer minería sustentable en los lugares que quieran hacer minería. Si en San Carlos mayoritariamente la gente rechaza esa actividad, no hay que insistir”, señaló el gobernador.

Morillas, en su turno, profundizó en esa idea: “No podemos ser necios y creer que van a hacer algo que están diciendo que no”. También contó que la postura del mandatario era la misma que ya le había transmitido en conversaciones privadas. A la vez, se mostró respetuoso de las definiciones de otras zonas de la provincia: “Malargüe tiene una decisión desde su intendente, su gente. ¿Quién soy yo, como intendente de San Carlos, para decir qué tiene que hacer Malargüe?”.

Mientras las asambleas organizan nuevas acciones y aguardan la definición del Senado el 9 de diciembre, el departamento vuelve a colocarse como uno de los centros de mayor resistencia a la minería. El mensaje de Morillas aparece, para los sectores movilizados, como una señal de acompañamiento político en un momento de creciente inquietud social.