Pidieron prisión domiciliaria para el policía acusado de matar a un hombre con antecedentes en Luján

La defensa del policía José Funes, acusado de matar a un hombre durante un confuso episodio en Luján de Cuyo, pidió que cumpla prisión domiciliaria. El efectivo, de 40 años, está detenido e imputado por homicidio agravado por su condición de funcionario policial y el uso de arma de fuego, delito que prevé prisión perpetua.

El pedido fue presentado por su abogada, Susana Soleti, quien argumentó que su cliente no representa riesgo de fuga y podría permanecer bajo vigilancia en la casa de su pareja mientras avanza la causa. La decisión final será del fiscal Gustavo Pirrello o de un juez de garantías, si el Ministerio Público Fiscal decide convocar a una audiencia.

El hecho ocurrió el lunes 6 de octubre, cerca de las 9.30, cuando Funes reconoció un Chevrolet Prisma gris que días antes habría participado en el robo de su arma reglamentaria. Al intentar detenerlo, el conductor —Fernando Rubén García, de 37 años— trató de escapar y el policía disparó ocho veces. Una de las balas impactó en su cabeza.

García fue rescatado por bomberos y trasladado al Hospital Central, donde murió horas más tarde. Un video de seguridad muestra que el efectivo se acercó al auto, se identificó y, tras el cambio de semáforo, comenzó a disparar. Según la fiscalía, la víctima no estaba armada ni agredió al uniformado, por lo que se consideró un uso desmedido de la fuerza.

La defensa sostiene que Funes actuó en legítima defensa, al interpretar que el conductor intentó atropellarlo. Asegura además que el policía sufrió un esguince durante el episodio. En la casa de la víctima, los investigadores hallaron pertenencias de Funes —como ropa, zapatillas y un reloj— además de un inhibidor de alarmas, aunque el arma robada no fue encontrada.

García tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, amenazas y resistencia a la autoridad. Sin embargo, para el fiscal, eso no justifica el accionar del efectivo, que disparó ocho veces en plena zona urbana.

El Ministerio Público Fiscal deberá resolver si concede el beneficio de la domiciliaria o mantiene la detención. El caso volvió a poner en debate los límites del uso de la fuerza y el accionar policial fuera de servicio.